Mientras la pandemia del COVID-19 se avanzó, la industria forzó a los trabajadore a continuar el trabajo bajo las mismas condiciones de siempre – sin cambios significativos para permitir el distanciamiento social o a las otras recomendaciones de salud pública – aún mientras las órdenes para refugiarse en su propio lugar fueron instituidas a través del país. Cuando los trabajadores se enfermaron, fueron enviados a “clínicas de la compañía” con doctores empleados por las compañías, quienes frecuentemente los regresaban a trabajar. Como consecuencia, el COVID-19 se regó por las plantas de procesamiento de alimentos, que se convirtieron rápidamente en epicentros de brotes de infección. Cerca de un año dentro de la pandemia, más de 57,000 trabajadores de empaque han dado positivo al virus, y más de 280 trabajadores han muerto.
Si bien las estadísticas son más notables en la industria de procesamiento de carne, un patrón similar ha surgido a través de la cadena alimentaria. Los trabajadores de agricultura, los trabajadores de entrega, y los trabajadores de restaurantes se han enfermado y han muerto porque sus empleadores se han negado a responsabilizarse por los costos de las precauciones necesarios para mantener seguros a los trabajadores.
En abril de 2020, nos asociamos con Towards Justice y el Heartland Center for Jobs y Freedom para presentar la primera demanda exigiendo alivio para proteger a los trabajadores de empaque de carne del Coronavirus, representando a La Alianza Comunitaria de Trabajadores Rurales (Rural Community Workers Alliance) y a un trabajador anónimo contra Smithfield. El caso fue cubierto por el New York Times, y el Washington Post destacó un artículo de opinión pública por Jane Doe relatando la experiencia de ver el impacto del virus por toda la comunidad, mientras Smithfield no decía nada. Si bien los trabajadores recibieron ciertas protecciones por medio de esta acción, últimamente, la corte rechazó una audiencia para el caso, y difirió a la autoridad de La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para considerar los problemas planteados.
En julio de 2020, nos unimos con Hacía la Justicia (Towards Justice), Nichols Kaster, y a Trabajo Justo (Justice Work) para presentar una demanda contra la Secretaria de Labor Eugene Scalia por fallar en obligar a un matadero a tener la responsabilidad de proteger a sus trabajadores de COVID-19 después de un brote en una planta de procesamiento en Maid-Rite, Pennsylvania. A pesar de la defensa continua de Trabajo Justo (Justice at Work), la OSHA atrasó la inspección de la planta, y luego le dio preaviso a la compañía, permitiéndole a la compañía cambiar sus prácticas temporalmente para la inspección.
En agosto de 2020, nos juntamos con 25 grupos locales y nacionales para hacer un llamado para la resignación del secretario de trabajo Eugene Scalia y de Loren Sweatt, quien supervisa a la OSHA, por fallar en proteger a los trabajadores durante la pandemia.